Caso 'Pelicot catalán': "El protocolo de abusos no se activó hasta más de un año después de la primera sospecha"

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha asumido este miércoles que las instituciones públicas tardaron más de un año en activar el protocolo contra abusos sexuales en el caso de la menor de 13 años en guarda de la Generalitat que fue atrapada por una red de pederastia, para ser violada y prostituida por varios hombres: "El protocolo de abusos no se activó hasta más de un año después de la primera sospecha".

Martínez ha comparecido motu propio en la comisión de Drets Socials del Parlament, donde ha expuesto sus primeras conclusiones acerca de este escándalo que ha terminado dinamitando la antigua Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) tras varias crisis, obligando al Govern de Illa a refundarla en la nueva Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA).

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Una de las primeras "disfunciones" encontradas fue que "el sistema fue lento", pese a la "buena diligencia y coordinación" de los educadores, el sistema educativo y el de salud, que dieron la voz de alarma en un momento en que la DGAIA aún no tenía la guarda de la menor, ha explicado la consellera.

La DGAIA no conocía la magnitud del caso

"La DGAIA no tuvo información sobre la magnitud de la trama de pederastia hasta el momento en que ha aparecido en los medios de comunicación", ha asegurado Martínez. Según ha indicado, al no tener la DGAIA en ningún momento la tutela completa de la menor, pues la custodia nunca dejó de ser de la familia, los profesionales no tuvieron acceso a toda la información de la investigación de Mossos sobre la trama de pederastia de la que esta niña fue una de las víctimas.

Además, ha dicho también que no se la derivó a un servicio especializado en abusos para que se le diera el acompañamiento necesario, así como que su expediente de desamparo no llegó a resolverse y completarse nunca.

Posibles responsabilidades

"Estamos aquí para actuar con la máxima transparencia; el Govern no se esconde, da la cara", ha defendido sobre la investigación de estos hechos ocurridos entre 2020 y 2023, antes de la llegada del actual ejecutivo al Palau de la Generalitat.

En este sentido, ha indicado que no descarta que, más allá de mejorar el sistema, de las conclusiones del expediente informativo sobre la actuación de la DGAIA en este caso "se deriven responsabilidades concretas".

Con todo, la consellera ha defendido el trabajo de los educadores que "se dejan la piel" en la protección de los menores, como es ejemplo que los profesionales fueran los que detectaran y actuasen ante el caso "con las herramientas que tenían". "Pero, pese a su trabajo, que en este caso permitió poner fin a los abusos, está claro que el sistema no es suficiente y debe reflexionarse sobre cómo mejorarlo", ha reconocido.