El nuevo reglamento de Extranjería suma más flexibilidad, pero aún faltan "recursos" para convencer a los estudiantes internacionales

El nuevo Reglamento de Extranjería plantea un nuevo escenario que facilita, a priori, la contratación de personas extranjeras gracias a una serie de modificaciones que, por ejemplo, han hecho posible que se disminuya la condición de arraigo social de tres a dos años. Su entrada en vigor en mayo de este año afecta a múltiples sectores, entre ellos, la atracción de talento internacional a las universidades catalanas. Los profesionales lo tienen claro: hay más flexibilidad, menos burocracia, pero "los recursos aún son escasos" y la comunicación para trasladar dudas y fomentar la participación es difícil. 

Así lo afirma Gabriel Asin, abogado especializado en migración y cofundador de Mentor Nomad Barcelona, marca dedicada al asesoramiento de alumnado internacional, compañías y nómadas digitales. El letrado asistió a la jornada Cómo afecta el nuevo reglamento de extranjería a las empresas: actualización normativa y oportunidades, organizada por Foment del Treball, en donde se analizaron los retos y oportunidades derivados del Real decreto 1155/2024. Un marco normativo al que aún le queda recorrido para asentarse en la administración pública y que despierta dudas a la hora de su aplicación.

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Nuevos permisos para estudiantes

A pesar de las reticencias, hay avances, lentos, pero notables. Tal y como ejemplifica Asin, la Generalitat está respondiendo a las modificaciones para conseguir un permiso de residencia entre tres y cuatro meses, cuando anteriormente lo hacía en seis. "Durante ese impasse, las empresas dudaban de coger a los estudiantes", dice, "pero con la autorización de trabajo y, hasta que salga la resolución, pueden trabajar".

Desde Latinoamérica a la India, asesora a jóvenes que quieren desarrollar su carrera académica en Barcelona, de la que destacan el nivel educativo, la seguridad y la experiencia vital que les ofrece, detalla. La Ciudad Condal presenta "varios puntos calientes" para invertir en talento, ya sea en el distrito 22@, el desarrollo de escuelas de negocios o la creación de startups. Una dinámica que "curiosamente el mercado está aceptando y contratando este perfil", aseguró el abogado. 

Un intercambio internacional que se impulsa gracias a los recursos implementados en la normativa, explicó Alejandro Hochberg, jefe de la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Cataluña, quien participó en la jornada junto a Eduardo Rojo, catedrático de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente del Consell Econòmic i Social de Barcelona; y Vicenç Ambrós i Besa, jefe del Servicio de Planificación y Coordinación de las Autorizaciones de Trabajo de la Generalitat.

Como indicó Hochberg, el nuevo documento cuenta con cuatro disposiciones de la Unión Europea que incluyen medidas específicas para dar permisos de trabajo a temporeros, al personal de alta cualificación y para estudiantes. En este último caso, desaparecen en la modalidad de investigadores y prácticas, porque se encuentra recogida en la ley 14/2023, y se permite compatibilizar la actividad académica con empleos de hasta 30 horas semanales. 

Además, se crean nuevos tipos de visado, como el de estancia de larga duración por estudios, que incluye el de la movilidad del alumnado, servicios de voluntariado o actividades formativas; también, los visados de residencia, de carácter extraordinario y de búsqueda de empleo. Otros aspectos a destacar de la publicación es la simplificación de varios procedimientos para mejorar la concreción jurídica en un momento en el que hay más de 2 millones de personas extranjeras en España, lo que supone el 14% del total de afiliados a fecha de abril de este año.

Acerca del panorama nacional, el catedrático Eduardo Rojo Torrecilla dio algunas pinceladas del contexto actual. Por ejemplo, Cataluña, junto con Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, es de las regiones que más migrantes acogen. La llegada de este grupo se ha ido incrementando en la última década de forma exponencial, como ocurre con Marruecos, China, Ucrania y Perú, y especialmente con Colombia, que ha pasado de 51.000 personas en 2016 a 230.000 este año; o Italia, cuyo registro ha pasado de 79.000 a 203.000 extranjeros; y Venezuela, de 17.000 a 185.000 habitantes.

Cohesión social

El especialista recordó las dos sentencias del Tribunal Constitucional de 2006, donde establece que prima la condición antes que la de extranjero en los casos de situación irregular. En paralelo, se permite compatibilizar el trabajo por cuenta propia y cuenta ajena en el caso de personas extranjeras. Estas modificaciones han facilitado los mecanismos para acceder al mercado laboral: "De una parte, se establecen requisitos más flexibles para el acceso regular y, por otro lado, se facilitan los procesos de regulación por arraigo". 

Con relación a las quejas de los profesionales, apuntó que el funcionamiento del entramado administrativo es uno de los deberes pendientes, como ocurre con las oficinas de extranjerías o la actuación de los servicios públicos. "El reglamento abre las vías para posibilitar la flexibilidad en la interpretación y en la aplicación de esta norma", admitió. Al respecto, nombró la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España, un debate que se encuentra con "un momento políticamente difícil, lo que tiene su traslación jurídica".  

"España es un país cada vez más plural y diverso, y lo más importante desde el punto de vista de la inmigración es facilitar procesos de integración regulares y ordenados que faciliten la cohesión social", subrayó. Independientemente de la nacionalidad, su confianza está puesta en fomentar un "acuerdo entre las distintas formas de ver la vida". 

Competencia en migración

Cataluña, única comunidad que tiene delegada los procedimientos de autorización inicial de residencia temporal y trabajo —el País Vasco va a la zaga—, ha actualizado varios de los apartados a raíz del nuevo Reglamento de Extranjería, explicó Ambrós i Besa. A pesar de que la continuidad de la legislatura esté en constante entredicho, el pacto alcanzado entre PSOE y Junts sella el traspaso de las competencias en migración a la región. 

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Esto afectaría tanto al control de las fronteras como en la gestión administrativa, ya que la comunidad se haría cargo de las autorizaciones de residencia temporal y de larga duración, así como la contratación de extranjeros en origen o la estancia de larga duración para actividades académicas.

Sin embargo, Ambrós i Besa se mostró cauto en declaraciones a este medio puesto que la transferencia afecta a varios departamentos de la Generalitat, "así que habría que hacer una evaluación intensa". Por ahora, el debate parlamentario es "complejo" y el horizonte está lleno de incertidumbres.