El futuro energético de Cataluña pasa por Hacienda

Semanas cruciales para el futuro a largo plazo de la energía en España y, muy especialmente, en Cataluña. El debate sobre la prolongación de la vida de las centrales nucleares roza el punto de ebullición al aproximarse el límite para decidir sobre la planta de Almaraz, la primera por orden cronológico en el calendario de cierres acordado en su día por el Gobierno y las eléctricas.

En este contexto, el escenario de las conversaciones se ha trasladado del ámbito energético al fiscal. O, lo que es lo mismo, del Ministerio de Transición Ecológica al de Hacienda.

En los primeros días de junio, los tres propietarios de la central de Almaraz (Iberdrola, en posición de mayoritario, Endesa y Naturgy), mantendrán una reunión clave para determinar la continuidad de la planta, que alberga dos de los siete reactores actualmente operativos en España.

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Calendario de cierres

Paradójicamente, el encuentro estaba previsto para este martes; sin embargo, hace unos días quedó aplazado. Las compañías han optado por dar algo más de tiempo para la negociación sobre el diseño del calendario de cierres de las centrales. Una negociación mucho más centrada ahora en el plano fiscal que en el energético.

En los últimos meses, el panorama ha variado de forma notable en este sentido. Tanto que en la industria nuclear aumenta de forma progresiva el convencimiento de que el Gobierno terminará por aceptar una moratoria para el fin de las plantas. Algo a lo que ha contribuido de forma notable el excepcional episodio vivido hace tres semanas: el apagón que dejó sin suministro durante varias horas a la práctica totalidad de la península ibérica.

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En el caso de Cataluña, la notable dependencia de la generación nuclear para atender la demanda eléctrica hace especialmente delicada la actual situación. Tanto que el 60% del suministro tiene su origen en los tres reactores que operan en el territorio (los dos de Ascó y el que queda en Vandellós).

Carga fiscal

El pobre desarrollo de las instalaciones renovables en la comunidad autónoma complica de forma extrema que el panorama vaya a cambiar demasiado, incluso con el horizonte de una década. Dado que el primer cierre contemplado en el territorio (el de Ascó I) tiene fecha de octubre de 2030, el futuro se antoja algo más que preocupante.

Central nuclear de Ascó, en Tarragona CSN

Si el consenso energético parece cada vez más próximo, no sucede lo mismo con el horizonte fiscal. La prolongación de la vida de las centrales más allá de los 40 años lleva aparejada inversiones de varios cientos de millones de euros para adaptar las plantas a los cada vez más exigentes protocolos de seguridad.

Durante el tiempo transcurrido desde el acuerdo para establecer el calendario de cierres, cerca de seis años, y aun antes, el sector ha manifestado reiteradas quejas sobre la elevada carga fiscal que soporta. 

La patronal Foro Nuclear, que agrupa a los operadores de las centrales y a las principales empresas del sector e industria auxiliar, señala que esta carga se ha elevado un 70% en los últimos años. 

Impuestos, ecotasas..., y la 'tasa Enresa'

Una proporción en la que se incluyen diversos impuestos de la Administración central a la operación y generación nuclear y las ecotasas de los Gobiernos autonómicos. Pero, sobre todo, la denominada ‘tasa Enresa’, la contribución anual de las centrales para sufragar los costes del desmantelamiento de las instalaciones, que el Gobierno ha elevado un 30%. 

La fiscalidad de la energía nuclear convierte en una quimera operar de forma rentable, dado que más de la mitad de los ingresos deben destinarse al pago de los diferentes tributos. 

Imagen de archivo de Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear Foro Nuclear

“Esta excesiva carga impositiva, muy por encima de la media europea, conduce a que las centrales nucleares españolas sean artificialmente inviables a pesar del interés de sus titulares por seguir operándolas y de que se encuentran en perfectas condiciones técnicas y de seguridad”, señala el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, en el recientemente publicado informe anual de actividad en el sector.

De esta forma, podría darse la circunstancia de que fueran los propios operadores quienes renunciaran a prorrogar la vida de la planta de Almaraz en el caso de que las cuentas no salieran como consecuencia de la carga impositiva. 

Comunidad Valenciana da el paso

El tiempo apremia por varios factores. Entre ellos destaca la necesidad de asegurar el combustible necesario para que la instalación pueda operar más allá de 2028 (cuando está previsto el fin de la actividad del segundo de sus reactores) y también de la tramitación de la eventual renovación de la licencia. 

La labor de lobby del sector ya ha dado algún fruto en los últimos días. La Generalitat valenciana anunció recientemente la próxima eliminación de la ecotasa que aplica hasta la fecha. En la Comunidad Valenciana se ubica la central de Cofrentes, cuyo fin de actividad está programado para noviembre de 2030. 

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Sin embargo, el guante no ha sido recogido por el Gobierno de Extremadura, territorio que alberga la planta de Almaraz. La Junta ha mostrado su disposición, en todo caso, a reducir el tributo, pero no de manera unilateral, sino en coordinación con la Administración central; de esta forma, el Ejecutivo regional pretendería ver compensado el recorte de ingresos que allanaría el camino a la continuidad de los dos reactores de Almaraz.

Este lunes, el presidente de Foro Nuclear señaló de forma gráfica que el fin de las nucleares supondría para Cataluña "regresar a la Edad de piedra". Evitarlo pasa por las negociaciones con el Ministerio de Hacienda y los gobiernos autonómicos implicados. De ahí que las eléctricas se hayan dado algo más de tiempo para su encuentro en la cumbre.