Sitges acusa al Gobierno de "extralimitarse" en el derribo del Club de Mar

El Ayuntamiento de Sitges endurece el tono contra el Ministerio de Transición Ecológica. El consistorio del municipio costero sito al sur de Barcelona acusa al Ejecutivo de "extralimitarse" en su cruzada contra el histórico Club de Mar de Sitges, que trata de derribar por una orden ministerial de 1994.

El escrito de súplica que el equipo de la alcaldesa Aurora Carbonell (ERC) envió al Tribunal Supremo para paralizar la demolición señala que la Dirección de Costas en Cataluña debería limitarse a la imposición de una sanción y del cese de la actividad. No a la orden de arrasar unas instalaciones catalogadas como bien cultural de interés local, lugar de reunión tanto de la élite como de familias y vecinos.

Multa y cese de la actividad

La sentencia emitida en 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la que se acoge el Ejecutivo "no es más que una resolución que impone a la entidad una sanción económica y el cese en la ocupación sin título que lo autorizase. A eso debe limitarse la ejecución, al estricto cumplimiento del fallo de la sentencia. Pretender la demolición es extralimitarse".

Asimismo, el escrito --al que ha tenido acceso Crónica Global-- sostiene que la demolición del icónico lugar de reunión "carece de cobertura legal" y no seguiría los procedimientos urbanísticos ni medioambientales que exige la ley". Alega que la orden judicial sólo obliga a desalojar el espacio, pero nunca a demolerlo.

Acceso al Club de Mar de Sitges

Sitges denuncia "mala fe"

La ciudad también alega que no existe “ningún proyecto técnico” que justifique la demolición del Club de Mar, que ya recibió una sanción en 2018.

"Lo expuesto, además de suponer una extralimitación de la autorización judicial concedida, supone una incalificable mala fe procesal por parte de la Administración y una incuestionable desviación procesal, lo que inhabilita de per se la actuación de demolición prevista por esta Demarcación, que carece de amparo legal para hacerlo por esta vía", sentencia el escrito.

La propuesta de la ciudad

Así, el municipio rechaza la operación y hace su propia propuesta. Los técnicos municipales elaboraron un plan que prioriza la conservación del edificio y valoraba la posibilidad de adquirirlo como equipamiento público.

La propuesta también incluye la construcción de un espigón que dé estabilidad a la arena de la playa, reduciendo la pérdida anual de masa y consolidando la nueva línea litoral. Asimismo, contempla una franja de paso de seis metros de ancho en torno al club e incluso la creación de un mirador.

El equipo de gobierno municipal ahora trabaja en una moción conjunta con los grupos. Esta, que podría ser aprobada este miércoles, instaría a la Generalitat a catalogar las instalaciones como Bien Cultural de Interés Nacional, un trámite que ya inició la propia entidad deportiva y que se encuentra atascado.

Pleno municipal del Ayuntamiento de Sitges AYUNTAMIENTO DE SITGES

Paralizado

Finalmente, los operarios no tirarán abajo el edificio el próximo lunes, 2 de junio, fecha en la que estaba previsto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado la suspensión temporal al admitir las medidas cautelarísimas del propio club, tal y como avanzó este medio el martes. 

Así, el histórico conjunto deportivo esquiva su demolición mientras no se resuelva el fondo del asunto. 

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha atendido a la "especial urgencia" de la cuestión, al faltar "tan sólo cuatro días hábiles para la fecha señalada". Y ha contrapuesto la "pasividad administrativa" prolongada "durante bastantes años" frente al perjuicio que la demolición podría suponer para la entidad.

La cruzada del Gobierno

La Dirección de Costas mantiene su cruzada contra el club por una orden ministerial de 1994. Esta veta las instalaciones costeras que superen los 300 metros cuadrados en dominio público con una licencia máxima de 30 años. El Tribunal Supremo la ratificó en 2003 y el propio TSJC se manifestó asegurando que nada impide el derribo.

Es en este contexto en el que el ministerio pretende "recuperar espacios de dominio público que fueron ocupados de manera incompatible a la normativa vigente". Con esta y otras actuaciones calcula "ganar 10.000 metros cuadrados más de playa" en el municipio. La oficina del delegado Carlos Prieto confía, asimismo, en que los tribunales le den la "razón" porque "se está haciendo un uso privativo sin título administrativo de un espacio público". 

Rótulo del Club de Mar de Sitges Facebook

El litigio continúa

Sea como fuere, la delegación del Gobierno expresa su respeto a la medida cautelar y asegura actuar con "coherencia" frente a las decisiones judiciales. Por su parte, fuentes de la entidad deportiva celebran la "batalla ganada", aunque reconocen a este medio que aún no pueden cantar victoria; es por ello que prometen "seguir las acciones judiciales acometidas". 

En declaraciones a TV3 este martes, Josep Maria Isern, presidente de la Federación Catalana de Vela, ha pedido que las administraciones "traten a las instalaciones de los clubes de mar dentro del plan de instalaciones deportivas de Cataluña". Y ha censurado la vulnerabilidad que siente "ante un ministerio que les envía cartas de desalojo y les impone sanciones de 60.000 euros".

La consecuencia, según sostiene el presidente, acaba siendo que los clubes cesan su actividad, provocando que se cierre "una puerta al mar".