Llevan tiempo los miembros del Gobierno, desde que se abrieran diligencias contra la mujer del presidente, hablando machaconamente de su preocupación por la desinformación, por los bulos y seudomedios. No en vano, para combatirlos, el pasado otoño Moncloa lanzó el denominado Plan de acción por la democracia, aunque hasta ahora no ha ido más allá del diseño de algunas iniciativas legislativas que siguen en tramitación, y de la aprobación, eso sí, de un programa de ayudas directas a los medios, dotado con 124,5 millones de euros.
Mientras, mucho hablar de la opacidad en la contratación de la publicidad institucional por parte de algunas administraciones autonómicas, pero seguimos sin conocer quiénes son los medios beneficiarios de las campañas de la Administración General del Estado, que prevé invertir por este concepto, en 2025, más de 160 millones de euros, a los que se suman los casi 110 presupuestados para publicidad comercial. No hace falta ninguna ley para publicitar estos datos, los mismos que se reclaman a otros.
Y ello sin olvidar la captura, vía real decreto ley, de RTVE, para sentar en su consejo de administración a comisarios políticos de todos los socios de investidura y de los propios partidos que integran el Ejecutivo. La ausencia de criterios profesionales a la hora de designar a los directivos de nuestros medios públicos explica diversas actuaciones recientes del Consejo de Informativos de TVE. Entre ellas, la apertura de una investigación para analizar si los contenidos de “Mañaneros 360” y “Malas lenguas” se adecúan a los estándares de un servicio público; y la elaboración de un informe que cuestiona la compra del documental “7291”, que podría haber sido realizado por la propia empresa y sin colocar el foco únicamente en las residencias madrileñas.
También son llamativas las tensiones del Gobierno con los medios privados. Dejando al margen la batalla campal con el presidente de PRISA (que se negó a financiar un canal de TDT ya conocido como “Telepedro”), resulta sangrante la campaña contra The Objective, liderada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha merecido la condena de la Asociación de la Prensa de Madrid: “Esta asociación reprueba que Óscar Puente trate de descalificar las informaciones difundidas por una periodista, refiriéndose a ella, de modo despectivo, como ‘la inefable Ketty Garat’ y afirmando que no es periodista, sino ‘una intoxicadora profesional’. Además, la APM rechaza que se califique de manera vulgar al diario para el que escribe como ‘The Ojete’, expresión que ha utilizado ya varias veces, acompañándola en ocasiones de imágenes con un contenedor de basura”.
La misma entidad ha amparado a la también periodista Elisa Beni por el “hostigamiento continuado” del que ha sido objeto por el mismo ministro a través de las redes sociales: “La APM se ve en la obligación, una vez más, de repudiar una actitud que Óscar Puente mantiene desde hace tiempo con respecto a algunos periodistas, y que revela un escaso respeto por las personas y por el ejercicio de la libertad de expresión, recogido en la Constitución Española. La regeneración de la vida democrática que proclama el Gobierno va justo en la dirección contraria a este tipo de actitudes”.
Otro medio de obligada mención es El Confidencial, que el pasado septiembre publicaba tres reportajes en los que ya se mencionaba a Santos Cerdán y a Leire Díaz, y se desvelaba la existencia de una campaña de descrédito contra magistrados, fiscales, policías y periodistas, sustentada en reuniones con imputados y procesados por corrupción a los que se ofrecía aliviar sus problemas con la Justicia mediante acuerdos con el Ministerio Fiscal. Estas gestiones habrían permitido a Ferraz, siempre según el digital que dirige Cardero, “acceder a centenares de archivos que fueron intervenidos en 2017 al comisario José Manuel Villarejo”.
Paradójicamente, no se ha interpuesto denuncia, querella o demanda civil alguna contra El Confidencial por este asunto, por más que el tercero de estos reportajes ya apuntaba directamente al presidente: “Uno de los implicados en la campaña que el PSOE ha estado preparando durante meses para atacar a magistrados, fiscales y periodistas asegura en un audio que el máximo responsable de esta operación es Pedro Sánchez. El testigo sostiene que el presidente del Gobierno, al que se refiere como ‘gran jefe’, ordenó a Ferraz que recopilara información sensible sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de los medios tras la apertura de las diligencias penales contra su mujer, Begoña Gómez”.
Cabe matizar que, por las mismas fechas, este medio ganaba una demanda interpuesta por la mujer del Presidente en relación con la información titulada “La UTE de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la parte subjetiva con su firma”.
Paralelamente, fue muy cuestionado el silencio que guardaron los socialistas, a diferencia de muchas otras fuerzas políticas, ante el acoso sistemático, por parte de Marruecos, al periodista de El Confidencial Ignacio Cembrero, que él mismo explicó con todo detalle en una tribuna.
En este contexto, ha entrado nuevamente en juego el denostado The Objective. El motivo, la publicación por parte de El Plural (otro digital cuya anterior directora, Angélica Rubio, fue responsable de Coordinación Informativa con Zapatero y actualmente es consejera de RTVE a propuesta del PSOE) del contenido de un intercambio de whatsapps del que se deducía que un exagente de la UCO, ahora contratado por la Comunidad de Madrid, quería poner una bomba lapa al Presidente del Gobierno. Seguidamente, The Objective publicó la conversación completa, en la que se advierte que el agente temía que la bomba se la pusieran a él.
Se trata, como bien analiza la empresa de fact checking Maldita.es, de un bulo, reproducido por varios medios y ministros. Resulta llamativo que estos últimos se hayan negado a rectificar, particularmente en el caso de Óscar López, integrante de la Comisión Interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción por la Democracia.
Así las cosas, no parece extraño que este Gobierno, tan reacio a exponerse a ruedas de prensa y a entrevistas en medios no afines, nunca se haya atrevido a explicitar los nombres de esos seudomedios digitales a los que tanto alude. Seguramente porque algunos de los que querría catalogar como tales encajan mejor en el perfil de perro guardián ante los abusos del poder y eso es bastante evidente.
