El llamado caso del Pelicot catalán, uno de los capítulos más abyectos de la historia delincuencial catalana moderna, es de aquellos episodios de los que pocos salen airosos. 

El Área Central de Cibercrimen de los Mossos d'Esquadra echó el guante a la red de presuntos pederastas y detalló su investigación y actuación con pelos y señales ante los medios informativos en verano de 2024. Crónica Global dio cuenta del caso con una historia de la compañera Míriam Saint-Germain, ahora subdirectora de Sociedad. Ese ejercicio de buen hacer policial, al asestar un golpe a una red de supuestos abusadores de menores, se acompañó de un ejercicio de transparencia ante los y las periodistas, así como consejos a las familias para que vigilen con quién andan sus hijos. 

El intendente Josep Antoni López Garzón, inspector de la citada Área, lo dejó claro: las aplicaciones de contactos pueden ser la Ciudad Juárez de noche, y ningún padre o madre en sus sanos cabales dejaría a su retoño pasearse por la urbe fronteriza al anochecer. 

Lo inquietante es que más allá de esa labor policial, poco más ha funcionado. La Fiscalía Provincial de Barcelona también parece haber obrado con diligencia, así como el juez instructor. El juicio dictará quién hizo qué, y qué pena merece. 

Lo que no se explica es qué pasó antes. Nadie, ni vecinos ni personas cercanas, se percataron de que algo raro ocurría cuando una menor tutelada moraba con un señor diez años mayor que ella. ¿Nadie denunció?

El equipo de los dos Governs anteriores y, sobre todo, las cúpulas de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), tienen mucho que explicar. Nadie pareció reparar, o dar importancia, en el hecho de que una adolescente cuya tutela expresa conduce la Generalitat de Cataluña cayera presa de una red de rapiña de la peor clase que ha visto Europa en muchos años. 

El Ejecutivo actual, raudo, ha informado de que abre investigación y de que comparecerá la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo. Ambas cosas suponen, también, ejercicios de autoexigencia y transparencia necesarios y balsámicos en un caso que trasciende las barreras de lo humano para entrar de pleno en el reino de las bestias. 

En el caso del Pelicot catalán, el sistema ha funcionado ex post: se ha cazado a los presuntos pederastas y proxenetas con posterioridad a (buena) parte de sus fechorías, se les está machacando con todo el peso de la ley, aunque se ha dado con ellos gracias la denuncia de un usuario de una app de citas y a la titánica labor policial. Pero parece razonable preguntarse por qué no funcionó la prevención. 

¿Nadie en la Generalitat en 2021 detectó que una de las menores a cargo de la Administración caía presa de una red pedófila? ¿Por qué no saltaron las alarmas? ¿Por qué no se tomaron medidas? ¿Y los educadores sociales? ¿Y los profesores? ¿Y los compañeros?

A menudo, se dice que la calidad de un sistema democrático se mide, entre otros parámetros, por cómo consigue proteger a los más vulnerables. Si una Administración, cualquiera, no se entera de que le arrebatan una menor tutelada de 12 años, es que hay muchas cosas a revisar. Y esa revisión debería culminar en nuevas salvaguardas y sistemas de alerta preventivos, para, repito, arropar a los más expuestos de la comunidad. 

Y cabe esperar que este examen a posteriori sea rápido y concluyente, puesto que, por el momento, el caso del Pelicot catalán solo nos ha dejado el horror.