A la izquierda, Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos del CNP; a la derecha, el excomisario José Manuel Villarejo
Investigan al exjefe de Asuntos Internos de la Policía por aportar pruebas sin consentimiento sobre la 'Operación Cataluña'
Según fuentes próximas al denunciante, los archivos entregados por Martín Blas, incluido un lápiz de memoria con audios, fueron proporcionados sin su consentimiento
Contenido relacionado: Junqueras y Mas, "indignados" por los audios de Cospedal y Villarejo sobre la 'Operación Cataluña' que ella considera "editados"
Noticias relacionadas
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia contra Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, y la periodista Patricia López, de Crónica Libre, por un presunto delito de revelación de secretos.
Tal y como avanzó Crónica Global, la denuncia fue presentada por el informático José Luis Pérez, quien sostiene que los documentos que Martín Blas aportó en la comisión sobre la llamada Operación Cataluña –cuya investigación se sigue en el Congreso de los Diputados– se obtuvieron de forma ilícita.
Según fuentes próximas al denunciante, Pérez asegura que los archivos entregados por Martín Blas, incluido un lápiz de memoria con audios, fueron proporcionados sin su consentimiento.
Este hecho ha llevado a que el excomisario del CNP y la periodista enfrenten sendas acusaciones por presunta revelación de secretos, en virtud de un delito que involucra la divulgación de información sensible sin autorización.
"La 'Operación Cataluña' existió"
El juez encargado del caso busca esclarecer la veracidad del testimonio de Martín Blas, quien en varias comparecencias ante dicha comisión parlamentaria ha afirmado que "la 'Operación Cataluña' existió y está documentada".
En este caso, el núcleo duro de la denuncia radica precisamente en el citado lápiz de memoria que, según Pérez, contenía audios que no fueron autorizados para su difusión.
El exjefe de Asuntos Internos de la Policía, en la comisión del Congreso de Diputados
El informático declara como denunciante
Ahora, según ha podido saber este medio, el proceso judicial sigue su curso y en breve Pérez comparecerá ante el juez en calidad de denunciante. Lo hará el próximo mes de mayo en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid.
Durante su declaración, tendrá la oportunidad de explicar los motivos que lo llevaron a interponer la querella contra quien fue jefe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía entre 2012 y 2015.
Asimismo, el juez no descarta ampliar la querella conforme al artículo 408 del Código Penal, que regula el delito de omisión del deber de perseguir delitos. Esto implicaría que, en caso de probarse, algún funcionario público optó por no investigar o perseguir un delito del que tenía conocimiento.
La confesión en el Congreso
El origen de este nuevo escándalo estalló en noviembre de 2024, cuando Martín Blas acudió al Congreso con la intención de contar su versión sobre la Operación Cataluña o 'Proyecto Barna'.
El excomisario llegó a la Cámara Baja con documentos oficiales, notas informativas y grabaciones obtenidas en su mayoría del excomisario José Manuel Villarejo; entre ellas, los audios que Pérez asegura le fueron sustraídos de forma ilícita.
El excomisario José Manuel Villarejo
Según Martín Blas, la operación contra dirigentes catalanes fue planificada por el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la policía, Eugenio Pino, y otros comisarios, entre ellos el mismo Villarejo.
A respuestas de la diputada de ERC Pilar Vallugera, Martín Blas defendió su postura, afirmando que tenía "un interés personal" en demostrar que la Operación Cataluña fue orquestada por Villarejo y sus aliados de la UDEF, "que me culpan injustamente a mí".
El hombre clave
Cualquiera que fuere la versión que avale la justicia, el movimiento pone temporalmente en el centro de esta trama a José Luis Pérez, hombre que fue citado como testigo en una querella contra Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresident Jordi Pujol, en 2014.
La querella la interpuso Manos Limpias, y terminó archivada y no incluida en el llamado caso Pujol, que ha instruido el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.
En paralelo, Pérez también fue citado como colaborador del excomisario José Manuel Villarejo en el entorno de la causa contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que fue acusado y absuelto de blanqueo de capitales.
Nueva querella contra Rajoy
La citación de José Luis Pérez a declarar en calidad de denunciante llega al mismo tiempo que Joan Pau Miquel, exconsejero general de la Banca Privada de Andorra (BPA), afirmaba incluir a Mariano Rajoy en la querella por coacciones que ya interpuso contra el exministro Jorge Fernández Díaz.
EUROPA PRESS
El exbanquero tomó la decisión tras publicarse en Rac1 unos correos en los que supuestamente agentes del CNI hablan sobre una orden del expresidente del Gobierno para presionar y forzar la caída del banco. Una de las ramificaciones de la 'Operación Cataluña' que salpicó al Principado.
Martín Blas y el 'caso BPA'
Cabe recordar que en julio de 2014, antes de la caída del banco, Marcelino Martín Blas y Joan Pau Miquel tuvieron un encuentro en el hotel Villamagna de Madrid.
Según la versión del exCEO de BPA, Martín Blas supuestamente le dijo que estaban "en guerra con el nacionalismo catalán" y lo amenazó con actuar contra el banco si no daba información financiera de la familia Pujol, Artur Mas u Oriol Junqueras.
Marcelino Martín Blas en el Congreso de los Diputados
Ocho meses después de esta cita, en marzo de 2015, el FinCEN de los Estados Unidos emitió la nota que supuso el cierre fulminante de la BPA y su filial en España, Banco Madrid.
Precisamente, en los correos conocidos esta semana, y que señalan directamente al expresidente del Gobierno, el CNI estaría presionando a Villarejo para que EE.UU. actuara contra BPA.
Desde los Estados Unidos se emitió la nota en la que se acusaba a BPA de ser una entidad facilitadora del blanqueo de las mafias rusa, china, mexicana o venezolana. Los cuatro grandes enemigos del 'tío Sam'.
Tras el comunicado demoledor del FinCEN, BPA se vio obligada a cerrar; sin embargo, todos los casos de blanqueo en los que se supone que participó quedaron en penas irrisorias.
