El Govern busca "soluciones concretas" para mantener a presos con delitos de sangre en las cocinas

El Departamento de Justicia de la Generalitat no dará marcha atrás en lo que respecta a las restricciones de los presos condenados por delitos violentos sobre trabajar en las cocinas de las prisiones. La conselleria endureció el protocolo aprobado por el anterior Departamento tras la muerte de Núria, la cocinera de la prisión Mas d'Enric de Tarragona, a manos de un preso ahora hace un año.

Después del toque de atención por parte de la Síndica de Greuges, que reclamó la readmisión de los internos que fueron destituidos por esta norma, el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha reiterado la voluntad del Govern de abordar el problema de la inseguridad.

"Estamos de acuerdo con la síndica, pero se tienen que buscar soluciones especializadas para cada caso", ha señalado Espadaler, aunque ha añadido que si bien el trabajo en las prisiones "es importante porque aporta unos hábitos y una formación", el Govern "no se echará atrás".

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La anterior conselleria, bajo la dirección de Gemma Ubasart (ERC), dejó elaborado un nuevo protocolo tras el asesinato de la cocinera. La normativa buscaba establecer criterios unificados para la asignación de tareas dentro de las prisiones y, aunque no excluía a los condenados por delitos violentos de puestos en cocina, sí introducía una regulación específica para su participación. 

Cambios en el protocolo

Con la llegada de Espadaler se introdujeron cambios significativos. Por un lado, los internos condenados por delitos violentos quedaban excluidos de trabajos considerados de riesgo, como aquellos relacionados con la cocina. Por otro lado, tampoco podían acceder a estos puestos quienes obtuvieron una puntuación media o alta en el test RisCanvi, una herramienta que evalúa el riesgo de reincidencia. Además, se exigía que los reclusos no hubieran tenido sanciones disciplinarias en los últimos seis meses.

Nuevos juzgados de lo penal

Este martes entran en servicio cuatro nuevos juzgados penales, como ya avanzó Crónica Global. El objetivo, según Espadaler, es que en 2027 se puedan hacer juicios rápidos en un mes. El plan de choque contra la multirreincidencia pasaba necesariamente por descongestionar los juzgados de la capital catalana.

Otra de las preocupaciones en el sistema judicial es la falta de personal. En una entrevista en Els Matins, el titular de Justicia ha detallado que en los últimos 10 años, Cataluña sólo ha incrementado en 60 su plantilla de jueces. "Ha habido una mayor eficiencia en la actividad policial, pero no judicial".

Más jueces en Cataluña

Por esta razón, el Govern incorporará durante este mandato 60 jueces más para equipararse a la media española. "El real decreto del ministerio que asigna los jueces estará listo este verano", ha asegurado el conseller.