Imagen de un carguero en el Puerto de Barcelona
Calixto, el inspector que usó su placa para blindar una red de 'narcos' en el Puerto de Barcelona
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratifica las condenas a los 28 miembros de una red criminal que utilizó la infraestructura portuaria como vía para traficar cocaína a gran escala
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la condena a 15 años de prisión para Calixto M.G, el exinspector del Cuerpo Nacional de Policía acusado de encabezar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína a través del Puerto de Barcelona.
La sentencia, emitida este miércoles por la sección de apelaciones de la sala civil y penal del TSJC, ratifica el fallo emitido en 2022 por la Audiencia de Barcelona y desestima los recursos presentados por las defensas.
La resolución judicial también confirma las penas para las otras 27 personas vinculadas a la trama, con condenas que oscilan entre los 9 meses y los 15 años de cárcel, en función de su grado de implicación y los delitos cometidos.
El inspector recurrió la sentencia
En concreto, la defensa de Calixto había solicitado la nulidad del auto que dio lugar a su intervención telefónica. Una petición que ha sido desestimada por el tribunal, que ha alegado que "el apelante conoce perfectamente las razones por las que se acordó la intervención de su teléfono"; entre ellas, por la declaración de otro acusado, como expone la sentencia.
La defensa también mostró su disconformidad con el hecho de que se le considerase el líder de la trama, un hecho que agravó su condena, a lo que el TSJC responde que todas las pruebas, "sin género de duda", permiten aplicarle el subtipo agravado de jefatura de la organización.
Un entramado dirigido por dos policías
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre diciembre de 2014 y septiembre de 2017, cuando el inspector —destinado en la Sección de Estupefacientes de la UDYCO— y el subinspector jubilado Francisco L., vecino de Montcada i Reixac (Barcelona), organizaron una red criminal para importar y distribuir cocaína desde el Puerto de Barcelona hacia otros puntos de España y Europa.
![Esiba en el Puerto de Barcelona y José Alberto Carbonell, nuevo presidente de la institución](["https:\/\/a1.elespanol.com\/cronicaglobal\/2024\/11\/15\/business\/901420023_13733948_320x180.jpg"])
Calixto M.G, quien al mismo tiempo era uno de los mandos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), utilizó su posición privilegiada dentro del cuerpo para consultar bases de datos policiales, asesorar a los miembros de la organización sobre métodos de comunicación segura y diseñar estrategias para evitar la vigilancia de las fuerzas de seguridad.
Contenedores de mercancías en el muelle de descarga del Puerto de Barcelona
Javier Z., el arrepentido
El caso se destapó gracias a la colaboración de Javier Z., trabajador de la empresa logística Suardíaz, quien participó en una entrega de 200 kilos de cocaína procedentes de Brasil. Tras ese primer operativo, Javier Z. fue presionado para seguir colaborando, pero se negó. Como consecuencia, recibió amenazas que lo empujaron a romper el silencio.
El 14 de abril de 2016, se presentó en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de El Vendrell (Tarragona), donde denunció las coacciones y reveló su implicación en la trama. Su testimonio permitió activar una investigación que, a través de pinchazos telefónicos, seguimientos y análisis de los encuentros físicos entre los implicados, destapó una red criminal protegida por mandos policiales en activo y retirada.
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Cocaína valorada en millones
La sentencia establece que el grupo llegó a introducir 200 kilos de cocaína desde Brasil, cuyo valor en el mercado negro en 2015 ascendía a unos 6.800.000 euros. Un cálculo basado en un precio medio de 34.597 euros por kilo.
Además, se preparó un segundo cargamento de 2.000 kilos desde Colombia, una operación fallida que no llegó a ejecutarse, pero que evidenciaba la ambición y la logística de la organización.
Fardos de cocaína incautados por la Policía Nacional en el puerto de Barcelona, en una imagen de archivo
Cobertura institucional
Durante el juicio, Calixto M. G. trató de justificar sus actividades alegando que realizaba una operación encubierta contra un clan gitano. Sin embargo, los magistrados rechazaron esta versión por carecer de respaldo documental o conocimiento dentro de la estructura policial.
La sentencia subraya que el inspector ejercía un liderazgo claro dentro de la organización, coordinando a sus miembros, suministrándoles información reservada y dando instrucciones sobre cómo operar con discreción.
Un agente de Fronteras de la Policía Nacional junto a un perro policía
Además, se demostró que intentó obtener un puesto de control en el Puerto de Barcelona para facilitar la entrada de cargamentos. Su conocimiento de los protocolos policiales y su acceso a herramientas internas fueron fundamentales para sostener el funcionamiento de la red sin levantar sospechas durante años.
Un puerto bajo sospecha
La ratificación de esta sentencia se produce en un contexto especialmente delicado para el Puerto de Barcelona, uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa, pero cada vez más asociado a actividades criminales. En noviembre de 2024, el asesinato a sangre fría de David Caballero, alias Bubito, reforzó las alertas sobre la penetración del narcotráfico en la infraestructura portuaria.
Caballero, capo de uno de grupos de distribución de droga, fue ejecutado en circunstancias que apuntan a un ajuste de cuentas dentro del crimen organizado. Su muerte se ha convertido en símbolo del deterioro institucional en el entorno portuario donde, según diversas fuentes policiales, la omertà —el código de silencio mafioso— se ha impuesto como norma de funcionamiento.
![Dos de los cuatro acusados son agentes de los Mossos d'Esquadra](["https:\/\/a1.elespanol.com\/cronicaglobal\/2024\/12\/19\/vida\/909919171_13892434_320x180.jpg"])
El crimen de Bubito no sólo ha sacudido al puerto, sino que ha evidenciado la existencia de estructuras criminales sólidas, con ramificaciones internacionales, capaces de operar con impunidad y con apoyo desde dentro de las instituciones.
Imagen del crimen de 'Bubito' en Montgat (Barcelona)
Confirman las condenas
Con esta sentencia, el TSJC confirma las penas impuestas a los principales cabecillas de la organización. Calixto M.G. deberá cumplir 13 años de cárcel por tráfico de drogas con la agravante de jefatura, y dos años más por revelación de secretos, además de abonar una multa de 795.000 euros. Se le reconoce una circunstancia atenuante por dilaciones indebidas.
Por su lado, Francisco L., el subinspector jubilado, ha sido condenado a cinco años y medio de prisión por tráfico de drogas, con la atenuante de drogadicción, y al pago de una multa de 815.000 euros.
En total, 28 personas han sido condenadas, mientras el tribunal rechaza de manera rotunda que la investigación fuese “prospectiva” o carente de garantías, respaldando plenamente todas las actuaciones judiciales y policiales realizadas desde la fase inicial.
