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Foment y el sector inmobiliario ven "contraproducente" el control de los alquileres de corta y media estancia
La patronal y media docena de organizaciones de vivienda creen que "extender el control de precios a estos contratos" supone "una extralimitación jurídica" que puede comprometer "la existencia misma de este tipo de oferta"
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La decisión del Parlament de Cataluña de extender el control de rentas a los contratos de alquiler de corta y media estancia ha suscitado la "preocupación" de Foment del Treball y media docena de organizaciones del sector inmobiliario en la autonomía. A su juicio, llevar a cabo estas medidas supondría "una grave distorsión del marco jurídico" y "afectaría negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad, laboral, académica y social en Cataluña".
Así lo sostiene una declaración conjunta de la patronal catalana que también suscriben la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.
Los alquileres temporales, "un complemento imprescindible"
Los firmantes recuerdan que los arrendamientos temporales, "generalmente regulados bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como contratos de uso diferente de vivienda" responden siempre a "causas objetivas y finalidades muy concretas": alojar temporalmente a profesionales desplazados, estudiantes, investigadores, personas en transición residencial o en movilidad internacional.
"Este tipo de alquileres, que habitualmente no superan los 12 meses de duración, no constituyen una alternativa a la vivienda habitual, sino un complemento imprescindible para una sociedad dinámica y abierta", apuntan.
"Extralimitación jurídica contraproducente"
Por todo ello, la patronal y las entidades consideran que "extender el control de precios a este tipo de contratos supondría una extralimitación jurídica y una decisión contraproducente desde el punto de vista económico y social. En el artículo 17 de la LAU se establece claramente que las limitaciones al precio de alquiler sólo pueden aplicarse a los contratos de vivienda habitual. Aplicarles el mismo tratamiento legal no sólo generaría inseguridad jurídica, sino que comprometería la existencia misma de este tipo de oferta en Cataluña".
Las entidades firmantes de este comunicado cargan, por tanto, contra los acuerdos tomados entre el Govern de la Generalitat y los grupos parlamentarios "en los últimos meses (DL 2/2025 que se tramitará como proyecto de ley, el DL 5/2025 que incrementa el ITP y el AJD), ya que sólo responden a la aritmética política y no a solucionar el problema de la vivienda, que es la falta de oferta de vivienda de toda tipología, tanto de venta como en alquiler".
Estos representantes del sector denuncian la "sobrerregulación" y "la falta de seguridad jurídica que sufren los operadores en Cataluña", reclaman que se deje de legislar "de espaldas al sector", y proponen que se adopten "políticas de vivienda realmente efectivas, que incentiven el incremento de la oferta de vivienda en lugar de penalizar al sector", que a su juicio "tiene la capacidad productiva para proveer las viviendas que Cataluña necesita".
