El empresariado catalán reclama a Sánchez en una carta conjunta que detenga la OPA al Sabadell

El empresariado catalán exhibe músculo contra la OPA al Banco Sabadell y redobla la presión sobre el Gobierno. Una decena de patronales y entidades han lanzado un manifiesto conjunto dirigido al presidente Pedro Sánchez para reclamarle que detenga la operación acometida por el BBVA, con la consulta pública en marcha antes de que el Consejo de Ministros apruebe la integración o, por el contrario, la tumbe.

"Existen poderosas razones de interés general que justificarían la intervención del Gobierno, que usted preside, para impedir la fusión entre las dos entidades bancarias anteriormente mencionadas", reza el texto, firmado por Foment, Barcelona Global, Cambres de Comerç de Catalunya, Pimec, Pimec autònoms, CECOT, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, FemCAT, Fira Barcelona y RACC Mobility Club.

Todos sus presidentes aseguran, además, "respetar" pero no compartir las consideraciones técnicas de defensa de la competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo dictamen avaló la OPA de forma unánime la semana pasada.

David Zorrakino - Europa Press

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Cinco argumentos

En su carta, los firmantes aseguran que los apuntes del órgano regulador no bastan para preservar la salud del tejido económico del país. Y apuntalan su postura con cinco argumentos. Consideran necesario "evitar una excesiva concentración de poder empresarial y financiero" y llaman a "preservar un canal de crédito y servicios financieros especializados en empresas y proyectos de menor dimensión".

Asimismo, recuerdan el impacto que la OPA tendrá sobre el empleo y el número de oficinas bancarias, "con el consiguiente aumento del riesgo de exclusión financiera" y el peligro para "cohesión social y territorial". También defienden la "promoción de la atracción y retención de talento financiero en los diferentes territorios".

Fusión "lesiva"

Dicha posición "refleja el sentir de un segmento muy mayoritario del tejido social y empresarial catalán", al que sitúan como "el principal afectado por esta operación". Siempre según la misiva, "cualquiera de los cinco argumentos sería suficiente para considerar lesiva la fusión para el interés general de España".

Josep Sánchez Llibre, Ramon Agenjo, Pau Relat y Antoni Cañete, entre otros, suscriben que "preservar la individualidad del Banco Sabadell es preservar la existencia de un mercado de crédito a nuevos proyectos y empresas de menor dimensión, vital para la economía española".

Una sucursal de Banco Sabadell / EP

Pérdida de crédito para pymes

En este sentido, señalan que el impacto de la fusión "no es una mera cuestión de competencia en un mercado generalista", sino que comportaría el debilitamiento de un tipo de mercado "específico pero esencial".

Cifran en una horquilla que va de los 54.000 a los 70.000 millones la pérdida estimada en crédito disponible para las pymes, "una realidad que nuestro progreso económico difícilmente podrá soportar". Tampoco con el reemplazo de la entidad presidida por Josep Oliu por otros operadores, debido a sus características.

Josep Oliu, presidente del Sabadell, en la reciente Reunión del Cercle d'Economia Gala Espín

Asimismo, extienden el impacto que la integración del Sabadell en el banco con sede en Bilbao no solo sobre el tejido empresarial, sino también el educativo. Concretamente, en universidades, escuelas de negocio, centros de investigación y otras instituciones formativas y de desarrollo de talento, que "verán mermadas sus oportunidades de colaboración con actores financieros de primer nivel".

Cuenta atrás

El Ministerio de Economía tiene una semana para estudiar la resolución de la CNMC y determinar si la eleva al Consejo de Ministros. Una vez cumplido este trámite, el consejo dispondrá de un mes para acordar el establecimiento de condiciones adicionales (de cualquier tipo, excepto en materia de competencia). O, incluso, si veta por completo la fusión.

Desde que se conociera la operación, el Ejecutivo se ha posicionado en contra, al entender que supondría un riesgo para la oferta de servicios financieros; en especial, con vistas a pymes y autónomos, que componen cerca del 99% del tejido empresarial en España. El último movimiento fue anunciado por el presidente Sánchez en la 40ª Reunión del Cercle d'Economia, al presentar una consulta pública no vinculante para sondear la opinión de la ciudadanía.