La 'consellera' de Economía, Alícia Romero, dándole la mano al presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Illa desatasca el tribunal de los grandes contratos públicos de Cataluña
Desde el inicio de la actividad en 2014, el número de recursos interpuestos en Cataluña ha crecido un 140%: sólo en 2023 se registraron 515, un 4,25% más que en 2022
Sustituye así al programa de refuerzo impulsado en 2022, que permitió durante dos años la incorporación de 10 trabajadores temporales, y que vencerá este junio tras un año prorrogado
El Departamento de Economía de la Generalitat refuerza el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público con la incorporación de 11 trabajadores fijos. Se trata de un paso clave para consolidar el funcionamiento de un órgano esencial en el sistema de contratación pública en Cataluña, que hasta ahora arrastraba una sobrecarga crónica de trabajo.
Este refuerzo estructural llega en sustitución del Programa Temporal impulsado en 2022 por el anterior gobierno de Pere Aragonès, que permitió durante dos años la incorporación de 10 trabajadores temporales y que vencerá este junio sin posibilidad de prórroga, informan a Crónica Global desde la conselleria de Economía.
Apaño temporal
El programa temporal sirvió como parche provisional. Permitió reducir de forma significativa el volumen de recursos pendientes de resolución, que pasó de 382 en 2022 a 120 en 2023. Pero ese alivio temporal no resolvió el problema de fondo: la necesidad de dotar al Tribunal de una estructura estable y suficientemente dimensionada.
Con el nuevo refuerzo de personal fijo, el Govern pretende precisamente corregir esa debilidad estructural. La apuesta ahora es dar estabilidad a un órgano fundamental para garantizar la legalidad, la transparencia y la competencia en la contratación pública catalana.
Un tribunal esencial, pero saturado
El Tribunal Catalán de Contratos es una imposición de la Unión Europea. Se trata de un órgano administrativo independiente que tiene por función velar por la legalidad en los procesos de contratación pública, con el objetivo de garantizar una competencia real entre las empresas.
Tiene la particularidad de que, cuando se presenta un recurso contra una adjudicación, se paraliza el proceso de contratación hasta que el Tribunal dicte una resolución. Por lo tanto, su agilidad y capacidad de respuesta son cruciales: si el Tribunal no funciona, “se paraliza parte de la actividad económica de un territorio”, explican fuentes del sector. Sin embargo, esta agilidad dista de ser una realidad. Desde hace años, el Tribunal arrastra un colapso histórico.
Aumento de los recursos
Según se recoge en la memoria del propio organismo, correspondiente a 2023, se ha producido un incremento de los recursos interpuestos. Desde el inicio de la actividad del Tribunal en 2014, el número de recursos ha crecido un 140%. Sólo en 2023 se registraron 515, un 4,25% más que en 2022, cuando se interpusieron 494. Así, desde el año 2016, cuando se interpusieron 199 recursos, hasta llegar a los más de 500 de 2023, se ha producido un crecimiento del 158,79%.
Este incremento sostenido en el tiempo ha provocado un cuello de botella. “A pesar de que actualmente contamos con un esquema estructural más favorable que en ejercicios precedentes, resulta insuficiente”, alertan desde el propio Tribunal.
Ampliación de la plantilla
La medida tomada por Economía forma parte de un acuerdo de gobierno en el que se prevé incrementar la plantilla del Departamento, liderado por Alícia Romero, en 186 efectivos para llevar a cabo nuevas funciones en diferentes ámbitos. Entre ellos destacan el despliegue del nuevo modelo de financiación singular, la estrategia de liderazgo económico impulsada desde el Gobierno, la evaluación de políticas públicas y el control interno de la gestión.
