Crecen las nóminas y los contratos falsos para alquilar en Cataluña: "Esto ya es insostenible"

Nóminas falsas, intercambio de inquilinos, engrose de los salarios, hay mil y una tretas para saltarse los filtros a la hora de alquilar un inmueble que pueden incurrir en la falsedad documental. Un modus operandi en boga ante la crisis habitacional y la falta de recursos por parte de los demandantes que, como confirma el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) de Cataluña, se ha incrementado en los dos últimos años. 

Los operadores trasladan este aumento a los APIs -según asegura Carlos Sala, su portavoz autonómico-, que notifican los casos de documentación falsificada: sobre todo, en nóminas, contratos laborales y certificados de vida laboral. Para ello, indica que se han reforzado las medidas de verificación de la documentación presentada, con el objetivo de "detectar posibles fraudes y garantizar la seguridad jurídica de las operaciones". 

Falsificaciones

¿Las razones? Sala apunta en dirección a la crisis de vivienda: "Este aumento se produce en un contexto de tensión en el mercado del alquiler, donde la escasez de oferta y el casting de arrendatarios ha llevado a algunos solicitantes a recurrir a métodos ilícitos para demostrar solvencia económica".

En paralelo, los datos de la correduría de seguros inmobiliarios Arrenta daban cuenta de este fenómeno en un informe de 2024, en el que registraba que un 10% del total de sus operaciones contenían falsificaciones. 

Una práctica que crece y que, en opinión de Sala, va en detrimento del sector. Por ello, alienta a que se informe sobre las consecuencias legales de estas falsificaciones, tanto a los inquilinos como a los propietarios, "con el fin de preservar la integridad y la confianza en el mercado del alquiler".

Nóminas antiguas por una habitación

Joana estaba preparada para comenzar una etapa nueva y decidió que la gran ciudad sería su destino. La joven decidió dar ese salto al vacío a los 27 años, hace ya tres años, y cambiar su rumbo profesional para mejorar sus opciones laborales en el ámbito cultural. Después de vivir con sus progenitores, las condiciones a las que se enfrentaba eran más duras de lo que esperaba.   

En declaraciones a este medio, la comunicadora cultural —cuya identidad reservamos— relata que contaba con amistades en la capital, así que decidió ir a vivir con ellas: tres trabajadoras de entre 25 y 30 años que se encontraban en los alrededores de la urbe en un piso de 1.600 euros. Sin embargo, debía pasar una primera prueba de la inmobiliaria: ser apta dentro de la viabilidad económica del contrato de alquiler. 

La inmobiliaria pedía a cada una de las inquilinas sus dos últimas nóminas para hacer frente, en el caso de Joana, al precio de 500 euros por habitación, con gastos aparte. No obstante, la joven acababa de dejar su trabajo para iniciar un máster en septiembre de 2022 y no tenía documentos justificativos, aunque sí la ayuda al paro que recibiría durante los siguientes meses y alternaría con la búsqueda de empleo.

Amenazas con subir el alquiler

Un momento vital que, a fin de cuentas, no "aportaba" confianza económica. Sin otra opción, decidió entregar las dos últimas nóminas de su extinto empleo. Así, "cuadraban los precios en el estudio de la viabilidad económica" y, durante un tiempo, todo se mantuvo en orden. Pero este año hubo más dificultades a sortear.

Una compañera de piso se mudó y, en su lugar, las restantes buscaron a una nueva inquilina. Esto significaba elaborar un nuevo anexo en el contrato de alquiler para que constara la nueva arrendataria. En cambio, lo que era un simple trámite se convirtió en una vía de "extorsión": "Los caseros, al avisarles del cambio, nos dijeron que sí, pero con la condición de subirnos a cada una de nosotras 150 euros el alquiler".   

Esta modificación era inviable en el contrato, ya que los precios no pueden variar en cinco años, pero aprovecharon el resquicio legal para poner en un apuro a las inquilinas, contando con que desde la inmobiliaria podrían negarse a incluir a la nueva persona. ¿La solución? Hablaron con su antigua compañera y acordaron mantenerla en el contrato, aunque ahora viva alguien en su lugar. "Nos hemos ahorrado que nos suban el alquiler, ya es insostenible", subraya.

Consecuencias 

La falsificación documental es una vía de escape dentro del contexto de crisis habitacional. Sin embargo, el artículo 395 del Código Penal prevé una pena de prisión de seis meses a dos años en los casos en que se hayan alterado los elementos esenciales de un documento, la falta de autenticidad, o suponiendo en un acto la intervención de otros individuos que no la han tenido. 

Por tanto, si el propietario descubre este engaño, podría denunciar al inquilino y que el acuerdo entre las partes sea nulo. El miedo y el nerviosismo apresó a Joan a la hora de realizar estos actos, pero la viabilidad económica era un obstáculo a superar para lograr acceder al que ahora es su hogar.

Clima de "competencia y escasez"

"El contrato recoge los pactos y una persona decide firmar con un precio porque lo puede pagar: todo el resto es accesorio e innecesario", destaca Enric Aragonès, portavoz de Sindicat de Llogateres. El ente tiene conocimiento de que hay agentes que no sólo piden la última nómina, sino de varios meses anteriores o extractos bancarios, lo que, a su juicio, supone un "abuso en la información que piden, vulnerando la intimidad"; y cree que son unas "condiciones abusivas" para seleccionar a los inquilinos, como si se tratara de un casting.

Operando de esta forma, crean un clima de "competencia y escasez", y alguna de las estrategias que diseñan corresponden a acumular visitantes a un piso en alquiler con colas o dar citas en horas continuas con el fin de incrementar la expectación. "Al final, se aceptan estas condiciones casi sin negociar o conocer los pormenores del contrato", añade. Para contrarrestar esta práctica, pide mediadores y un tiempo razonable para entender y negociar cada cláusula, es decir, "tener la libertad de no someterse a todos estos abusos". 

Entre los afectados, recuerda que los trabajadores autónomos deben justificar unos ingresos que son fluctuantes y que, en determinadas ocasiones, realizan estas prácticas fraudulentas porque, si no, "se ven viviendo en la calle". Además, recuerda que el 75% de los contratos en Cataluña están mediados por un agente de la propiedad o una inmobiliaria, así que pide que "pierdan la hegemonía" que tienen el mercado. 

EFE/ Quique García

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Incremento del 97%

En Cataluña, el precio del alquiler a abril de 2025 se sitúa en 18,7 euros/metro cuadrado, lo que supone un 1,7% frente al mes anterior y un 11% más con respecto al mismo período de 2024, tal y como traslada el informe del portal inmobiliario Idealista. Además, en comparación con 2015, cuando el precio era de 9,5 euros/metro cuadrado, la variación es de un 97% a lo largo de una década. 

Por provincias, Barcelona ha experimentado este abril un 11,4% más en los costes en comparación con el año pasado, ya que el precio por metro cuadrado está en los 20,3 euros; mientras que Girona se sitúa en los 13,1 euros/metro cuadrado, habiendo un 5,2% de incremento frente al período anterior. Le sigue Tarragona, que con 9,5 euros/metro cuadrado, sólo ha experimentado una subida del 3,9% interanual; y, por último, Lleida, la más barata, con 8,9 euros/metro cuadrado y un retroceso del 1,8% en los precios frente a 2024.

El alquiler temporal, vía de escape

La Generalitat anunció que las medidas de contención aplicadas al mercado del alquiler habían frenado los precios, con una bajada del 37% desde la entrada del índice de referencia pero, a juicio de Aragonès, faltan más medidas, después de conseguir que los honorarios de las inmobiliarias no corrieran a cargo de los inquilinos. "Se ha disparado una parte del mercado desregulado: el alquiler de habitaciones y el alquiler temporal, lo que supone una enorme vía de escape", mantiene.

En todo caso, el portavoz señala a la Ley de Arrendamientos Urbanos que, en diciembre de 2024, dio sus primeros pasos en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. "Necesitamos una reforma", pide, en un momento en el que no hay anuncios de alquiler en Barcelona por menos de 600 euros y, el que hay, es en un habitáculo de 15 metros cuadrados.

Anuncio en una plataforma inmobiliaria de un estudio de 15 metros cuadrados, por 600 euros, en Barcelona CG Barcelona