Los educadores sociales presionan al Govern para que resuelva la crisis de los centros de menores

Horas clave para la protección de los menores vulnerables en Cataluña. La Generalitat ultima su plan para transformar la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) antes de que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, presente su plan este lunes. 24 horas antes, los educadores sociales de Cataluña redoblan la presión sobre el Govern.

El Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya pide que el nuevo modelo destine más recursos para los centros residenciales de menores tutelados, reduzca la alta rotación de profesionales y justifique y revise las externalizaciones. Una demanda que ha reivindicado durante años, pero que ha endurecido tras conocerse el caso de una menor tutelada que fue violada y prostituida por la red de pederastas encabezada por Teófilo Lapeña; este podría no ser el único caso.

Una extutelada, sobre las violaciones en los centros de menores: "Nos venían a buscar en coche y nos decían 'vamos a tomar algo'"

Albert Font-Tarrés, vicepresidente de la Junta de Govern de este colegio profesional, ha asegurado que los servicios de atención a la infancia y la adolescencia "están sobresaturados desde hace años" y ha recriminado a la Generalitat que opte por versiones "baratas" mediante externalizaciones para los casos en los que asume la tutela del menor.

Según su visión, estos son los que deberían concentrar la mayor parte de atención y recursos, pero, en cambio, se degrada la calidad del servicio y se precariza el sector.

Sector precarizado

Un informe del pasado abril del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya recogía que el 52,3% de trabajadores sociales que abandonan el sector lo hacen debido a los bajos salarios, una carga "excesiva" de trabajo y la falta de recursos para hacerle frente. Y pedía una "actualización y mejora" de los convenios colectivos y formaciones de apoyo emocional y gestión del estrés.

Esta situación causa una alta rotación entre profesionales, puesto que son conscientes de la falta de recursos y de su poca capacidad de hacer su trabajo con dignidad, explica Font-Tarrés. El profesional lamenta que esto es particularmente nocivo en un trabajo basado en el vínculo, en el que hace falta "estabilidad, confianza y relación entre personas", y dificulta la generación de referentes adultos positivos para unos menores que ya están en una situación de especial vulnerabilidad.

Sede de la DGAIA en Barcelona Europa Press

Otra de las cuestiones a abordar, según Font-Tarrés, es que hay personas trabajando con titulaciones inferiores a las requeridas, como el grado universitario. Avisa, sin embargo, que no se debe a la falta de profesionales, puesto que cada año salen de la universidad muchos graduados: "Es culpa de las condiciones de trabajo y laborales, del sueldo y de la situación en que trabajan".

"Monopolio"

Fuentes del Sector Social de la CGT han criticado las externalizaciones y el "pequeño monopolio" que a su juicio hay en la DGAIA, con la mayoría de centros concentrados en manos de pocas entidades, lo que afirman que repercute en la calidad de la atención y la fiscalización de los recursos.

Además, han señalado que hay una diferencia salarial "muy grande" entre los profesionales del sector público, que son una minoría, y los del privado, con diferencias de hasta 700 euros en el sueldo mensual neto.

El Govern se defiende de las críticas de la oposición por los escándalos de la DGAIA: "Llegaremos hasta el final"

Font-Tarrés ha explicado que el sector está muy fragmentado y eso dificulta el seguimiento de los recursos de la DGAIA, ante lo que ha pedido una mejora de los mecanismos de control. Pide una acción conjunta de todos los departamentos de la Generalitat y evitar la creación de dispositivos según la "moda" del momento o según lo que diga la opinión pública.

Sentimiento de abandono

Los profesionales lamentan que, con estas dinámicas de trabajo, los perjudicados son los menores, que continuamente tienen "un sentimiento de pérdida, falta de confianza y abandono". Si un adolescente tiene cada pocos meses un referente nuevo, no le van a contar traumas o intimidades, lo que dificulta, entre otros, la prevención de casos de abusos como el destapado recientemente.

La CGT, además, insiste en que intervenir en prevención y en atención primaria es "mucho más económico" que hacerlo cuando el menor ya está en un centro residencial, que es el último recurso y el más caro.

En ese contexto, lamentan que la DGAIA se haya reunido con la "cúpula" del tercer sector en vez de con los profesionales que trabajan con los niños antes de presentar la transformación el lunes, y critican que los cambios siempre se anuncien de forma reactiva.

La 'consellera' Mònica Martínez Bravo Govern

Horas clave

El Departamento de Derechos Sociales ha convocado a los medios de comunicación el lunes por la mañana para explicar el nuevo sistema de protección a la infancia. La consellera Mònica Martínez Bravo ha destacado en el Parlament su voluntad de acometer un "cambio profundo" en la dirección general que pende de su oficina.

¿El objetivo? Conseguir una "mejora de la gestión" y la asignación de los "recursos necesarios" para que la dirección general que depende de su oficina cumpla con las "funciones de control". Un plan  en el que, ha asegurado, lleva meses trabajando, aunque se ha intensificado recientemente.

Los chats de Teófilo Lapeña, el 'Pelicot catalán': "Tiene 13 años, vale 600 euros y más"

La sombra de la pederastia

Este proceso de cambio se ha precipitado tras trascender que una menor, en 2021, fue víctima de una red de pederastia, un caso no detectado a pesar de estar bajo la tutela de la DGAIA y vivir en un centro de menores. Teófilo Lapeña, un electricista que vivía en la calle Unió de la capital catalana, encabezaba una red hoy investigada por las violaciones a la niña; este se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio.

También han influido en la modificación del sistema el escándalo por las presuntas irregularidades de años anteriores que hoy investiga la Oficina Antifrau y la Sindicatura de Comptes. Las pesquisas se centran en las ayudas y financiación recibidas por las entidades sociales que desempeñan servicios de infancia para la administración.