Ni votación, ni referéndum: ¿en qué consiste la "consulta pública" sobre la OPA que ha propuesto Sánchez?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de una “consulta pública” sobre la OPA hostil que el BBVA ha lanzado para quedarse con el Banco Sabadell. Lo ha hecho en la reunión anual del Cercle d’Economia, en Barcelona, frente a los propios presidentes de los dos bancos implicados, Josep Oliu (Sabadell) y Carlos Torres (BBVA), y ante otros empresarios.

Según Sánchez, esta consulta estará abierta desde este martes 6 de mayo y podrán participar tanto ciudadanos como asociaciones y colectivos de todo el país. El objetivo, según ha explicado, es recabar opiniones que permitan valorar si la operación respeta o no el interés general. El Ministerio de Economía dispondrá de quince días para trasladar su postura al Consejo de Ministros.

Pero, ¿qué significa realmente una “consulta pública”? ¿Es como un referéndum? ¿Tendrá consecuencias reales? ¿Y qué se puede esperar de este proceso?

GALA ESPÍN

Sánchez anuncia la apertura de una consulta pública para decidir el futuro de la OPA del BBVA al Sabadell

¿En qué consiste una consulta pública?

Cabe destacar que, a diferencia de lo que mucha gente cree, la consulta pública no es una votación popular ni un referéndum. Tampoco es un mecanismo con efectos jurídicos vinculantes. Se trata de una herramienta recogida en la Ley 39/2015 que los ministerios suelen activar cuando están preparando una nueva ley o reglamento, con el fin de conocer la opinión de las personas o entidades potencialmente afectadas.

En la práctica, consiste en habilitar un espacio —normalmente en una web oficial— donde cualquier interesado puede enviar comentarios, sugerencias u observaciones sobre un tema concreto. Eso sí: estas aportaciones no obligan legalmente al Gobierno a actuar de una forma u otra, y el formato está más pensado para procesos legislativos que para operaciones empresariales.

¿Por qué se usa ahora en una OPA?

Lo que ha anunciado Sánchez no tiene precedentes en casos como este. Nunca antes se había abierto una consulta pública para una oferta pública de adquisición (OPA) como la que el BBVA ha lanzado sobre el Sabadell. Desde el Ministerio de Economía han explicado que no se trata de un procedimiento reglado ni obligatorio, sino de una forma de añadir transparencia y recoger información útil antes de tomar una decisión tan delicada.

En otras palabras, esta consulta servirá como una especie de "termómetro social" para conocer cómo perciben la operación diferentes sectores de la sociedad, desde asociaciones empresariales hasta posibles afectados. Pero no implicará ningún cambio en los plazos ni sustituye el análisis técnico que ya han hecho los organismos competentes, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya ha dado luz verde a la operación con ciertas condiciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola GALA ESPÍN

¿Qué pasará con las opiniones recibidas?

Las valoraciones que se envíen a través de un cuestionario habilitado en una página web durante estos 15 días no tendrán validez legal como tal. No se trata de un trámite de audiencia —que sí exige que el Gobierno responda a cada alegación recibida—, sino de un proceso más informal de participación ciudadana. Por tanto, el Ejecutivo no estará obligado a seguir las sugerencias que reciba, aunque sí puede tenerlas en cuenta para decidir si la operación se alinea con el llamado “interés general”.

Aunque no hay antecedentes de este tipo en fusiones bancarias o en procesos empresariales, sí ha habido consultas públicas en otras materias. Por ejemplo, cuando el Gobierno preparó la Ley de Memoria Democrática en 2020, se abrió una consulta para que ciudadanos y organizaciones pudieran opinar sobre la necesidad de actualizar la anterior ley de memoria histórica y sobre los contenidos clave que debía recoger la nueva norma.

También ha ocurrido con temas como la reforma del sistema de pensiones, la Ley de Vivienda o el modelo del mercado eléctrico. En todos estos casos, la consulta formaba parte del proceso de elaboración de una norma general, no de decisiones ejecutivas urgentes ni de operaciones concretas como una opa.

Los objetivos del Gobierno

La iniciativa del Ejecutivo tiene un valor simbólico y político más que legal. Por un lado, busca abrir el debate público sobre una operación que podría alterar significativamente el panorama bancario en España. Por otro, puede interpretarse como una forma de presionar a las partes implicadas o de mostrar una postura crítica frente a la opa, sin bloquearla directamente.

El Gobierno quiere asegurarse de que la ciudadanía y las organizaciones sociales tengan voz en un tema que afecta al tejido financiero del país, sobre todo en regiones como Cataluña, donde Banco Sabadell tiene un peso importante. Pero al no tratarse de un mecanismo vinculante, la consulta no frenará automáticamente la operación ni decidirá su futuro.

En cualquier caso, este movimiento sí podría marcar un antes y un después. Si más adelante se normaliza la idea de abrir procesos participativos en decisiones económicas relevantes, estaríamos ante una novedad en la forma de hacer política económica en España. Ahora bien, queda por ver si esta consulta se convierte en un precedente real o si se queda en un gesto puntual ante una operación especialmente controvertida.