El líder del PP, Alejandro Fernández, en el Parlament de Cataluña
El Parlament aprueba tramitar una ley del PP para facilitar la adopción a las familias de acogida
La propuesta "pone el foco en el sufrimiento de los menores" y no ha recibido ninguna enmienda a la totalidad
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En el intenso pleno de este miércoles en el Parlament de Cataluña, entre el intercambio de golpes y una cierta incertidumbre sobre el devenir de la legislatura tanto aquí como en Madrid, se ha admitido a trámite una propuesta de modificación legislativa para facilitar que las familias de acogida puedan adoptar a los menores que ya tienen a su cargo. El objetivo del PP, promotor de la propuesta, es terminar con el "alargamiento injustificado de las acogidas, que en muchos casos superan los seis meses previstos por ley, produciéndose casos que llegan a dos y tres años".
La iniciativa no ha recibido ninguna enmienda a la totalidad. La diputada Montse Berenguer, quien ha defendido la iniciativa de los populares, ha asegurado que "hay un exceso de menores institucionalizados en centros, la duración del acogimiento temporal supera los plazos legales y las familias de acogida no tienen facilidad para la adopción por las barreras administrativas actuales, a pesar que hayan establecido vínculo emocional con el menor". Pocas semanas después de refundarse la DGAIA, se trata de un tema "urgente" y "muy importante para muchas familias".
El sufrimiento de los menores
Durante su intervención, Berenguer ha puesto el foco en "el sufrimiento de los menores cuando se les separa de su familia de acogida después de un largo período de tiempo de convivencia". "El menor no es un objeto que podamos poner en pausa; siente, vive y se vincula", ha asegurado la diputada, criticando que "actualmente parece que traten a las familias de acogida como si fueran plazas que se ocupan y se desocupan, olvidando que el menor no está esperando, está viviendo, enraizándose con un entorno familiar si es suficientemente protector y seguro".
Apoyo de las familias de acogida
La diputada ha destacado, finalmente, que la propuesta cuenta con el apoyo de familias de acogida, profesionales sociales, juristas, científicos, colegios profesionales, comités de ética e instituciones de ámbito autonómico, nacional e internacional. "Hoy no estamos ante una reforma ideológica, estamos ante un acto de justicia emocional y responsabilidad institucional, y tenemos la oportunidad de legislar con empatía y humanidad, con pericia y conocimiento", ha concluido.
