
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo
Puigdemont acusa al Supremo de boicotear la amnistía y advierte de una “crisis más profunda” pese al aval del Constitucional
El líder de Junts rompe su silencio y sostiene que la ley no cierra el conflicto político, sino que lo agrava por su falta de aplicación efectiva
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Más de 24 horas después de que el Tribunal Constitucional avalara la ley de amnistía, el expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha roto su silencio y ha reaccionado con dureza contra el Tribunal Supremo, a quien acusa de boicotear su aplicación.
En un vídeo difundido este viernes en sus redes sociales, Puigdemont ha asegurado que la norma no pone fin al conflicto político catalán, sino que abre "una crisis aún más profunda", al no aplicarse una ley aprobada por el Congreso y ahora constitucional.
"Estafa del régimen monárquico"
El líder independentista huido de la justicia a Waterloo ha calificado la situación como una "estafa democrática del régimen monárquico español". Para Puigdemont, la negativa del Supremo a aplicar la ley evidencia una "actitud sediciosa" por parte de los magistrados que, según sus palabras, actúan movidos por criterios políticos y no jurídicos.
Duda del Estado de Derecho
El líder de Junts ha ido más allá y ha cuestionado la integridad del sistema judicial español, acusando a los magistrados de aplicar las leyes "como les gusta" y de boicotear aquellas que consideran contrarias a su ideología. "En un Estado de Derecho los jueces aplican las leyes, en el Estado español los jueces no”, ha dicho.

Carles Puigdemont Europa Press
El tono del mensaje no dista del que el jueves usó el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien reclamó al Constitucional que forzase al Supremo a cumplir la ley con los "mecanismos coercitivos" de los que dispone.
Pendiente del delito de malversación
El mensaje de Puigdemont llega al día siguiente de que el Tribunal Constitucional, con el respaldo de su mayoría progresista (seis votos frente a cuatro), declarara plenamente constitucional la ley de amnistía, despejando el principal obstáculo jurídico para su entrada en vigor. Sin embargo, el alto tribunal no se pronunció sobre su aplicación concreta en los casos de malversación, delito por el que Puigdemont está procesado y por el que aún pesa sobre él una orden de detención.
Así, el pronunciamiento del TC no le afecta directamente. El propio Puigdemont se ha mostrado pesimista con respecto a un posible giro en la posición del Supremo, al que acusa de actuar al margen del marco legal. “El margen prevaricador del Supremo se va estrechando. Sé que les da igual, porque saben que nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo, que siguen obedeciendo la orden del Rey de ir a por todos nosotros”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), aplaudiendo la aprobación de la Ley de Amnistía del 'procés' en el Congreso
Puigdemont insiste en presentar el conflicto como enquistado. Y lo hace cargando contra las instituciones del Estado en un momento en que el marco legal avala precisamente lo que el independentismo había exigido durante años: una amnistía. Y es que, según Puigdemont, la ley es un componente necesario pero no suficiente para resolver el conflicto político entre Cataluña y el resto de España así como para "revertir una gran parte de la represión" que tuvo lugar.
Una "conquista" del independentismo
También ha reivindicado que la amnistía es una decisión política aprobada en el Congreso, y no en los tribunales, así como que "ningún partido español la quería, tampoco el actual presidente de la Generalitat, que se manifestó rotundamente en contra".
"Por tanto, es una conquista que el independentismo ha arrancado a regañadientes de España y de todos aquellos que se han manifestado todos estos años justamente al lado de los ultras y radicales españolistas".

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los demás magistrados en un Pleno (Imagen de archivo)
Además, ha destacado que la amnistía ha beneficiado a centenares de familias pese a añadir que aún quedan casos pendientes a los que "determinados sectores de la judicatura se niegan" a aplicarles una ley que, a su juicio, ya es irreversible.