Imagen de una ambulancia del SEM

Imagen de una ambulancia del SEM Cedida

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Economía se esmera en validar la solvencia de La Pau frente al informe pericial de sus rivales en el concurso de ambulancias

El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público apuntala la adjudicación con una resolución de 90 páginas

Falck y La Pau se reparten el grueso de una licitación de 1.970 millones de euros, la más grande de España

Más información: Cataluña tumba los recursos contra el concurso de ambulancias

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90 páginas. Es el "extraordinario volumen" de la resolución con la que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) ha tumbado los recursos contra el concurso de ambulancias. Este encuentra en La Pau y Falck las grandes adjudicatarias de la licitación, la más grande de España con un abultado presupuesto de 1.970 millones de euros.

Fuentes del sector del transporte sanitario inciden en los esfuerzos del ente que depende del Departamento de Economía de la Generalitat para rechazar la incapacidad financiera de la primera de las empresas mencionadas para ejecutar el contrato. Extremo señalado por Transport Sanitari de Catalunya (TSC) en su impugnación.

Sin "obstáculo legal"

La derrotada presentó un informe pericial con el que acusaba de insolvente a La Pau, que se presentó a la liza con Direxis y ganó. Suyo es el lote de mayor cuantía, el del Ámbito metropolitano norte, dotado con 457 millones de euros de presupuesto.

El tribunal ha acordado por unanimidad que la unión temporal de empresas "ha acreditado la solvencia económica exigida en los pliegos". Y considera así que "no hay obstáculo legal que impida a la citada UTE resultar como adjudicataria del contrato.

Ambulancias de TSC, filial de HTG, en el Hospital de Bellvitge

Ambulancias de TSC, filial de HTG, en el Hospital de Bellvitge Cedida / Agencias

"Extraordinario"

El TCCSP apoya así la decisión de los técnicos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) --como ya hizo en 2014-- para poner fin a un procedimiento que se ha extendido un año y medio, desde que el Govern de Pere Aragonès abriera la adjudicación.

Lo llamativo de la resolución es, asimismo, lo extenso de la argumentación, según inciden expertos en contratación pública que han participado en el expediente. Opinan que esas 90 páginas son resultado del buen planteamiento del recurso: "El tribunal, más que valorar si el acto impugnado es ajustado a derecho, ha debido esmerarse en mostrar la legalidad del acto recurrido ante los embates de los recurrentes".

Ahora, el único camino que le queda a TSC y al resto de derrotadas --la catalana Ambulancias Egara y la andaluza SSG-- para seguir dando guerra es acudir a la jurisdicción contenciosa. Y pedir medidas cautelares --y sufragarlas-- a la espera de que el juez las atienda y detenga las adjudicaciones. Pero presumiblemente estas seguirán su curso y no podrán detener el arranque del nuevo contrato en enero de 2026.

Sede de Ambulancias Egara en el CIM de Lleida

Sede de Ambulancias Egara en el CIM de Lleida Cedida / Cimalsa

Satisfacción en el SEM

La dirección del SEM estaba pendiente de la resolución, siendo una de las carpetas pendientes más importantes en la empresa pública licitadora. Y está de celebración, al recibir el espaldarazo del tribunal. Nada más conocer la decisión, ha difundido un comunicado interno al que este medio ha tenido acceso.

"Esta contratación supone un nuevo avance en la transformación del transporte sanitario, con la incorporación de mejoras en todos los ámbitos", señala el texto enviado a la plantilla, que cierra con un agradecimiento: "Gracias de nuevo a todos los profesionales que habéis trabajado incansablemente para hacer este hito una realidad".

Medidas pioneras

El nuevo concurso mejora la eficiencia del transporte sanitario en Cataluña al optimizar los flujos de pacientes de acuerdo con el territorio y la infraestructura sanitaria disponible, según fuentes del SEM. También suma 46 ambulancias, 380 profesionales y cerca de 311.000 horas más para el servicio urgente.

Además, abandera medidas pioneras en España. Exige a las empresas al menos un año de prácticas y tres más de experiencia para sus empleados, por lo que aumenta la calidad de la atención al ciudadano y reduce la rotación de la plantilla, sostienen las mismas voces. El contrato anterior no blindaba ningún tipo de experiencia, en la línea del resto de comunidades españolas.