Blanca Serra Europa Press
La Fiscalía cita a declarar a Blanca Serra, la activista que asegura ser víctima de torturas durante el franquismo
Su testimonio es la primera diligencia ordenada por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Sara Gómez Expósito, dentro de la investigación anunciada por el ministerio público
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La fiscalía ha citado a declarar el 19 de mayo a Blanca Serra, la activista independentista que denunció haber sido torturada en 1977 en la comisaría de Via Laietana de Barcelona, en su primera investigación sobre los abusos de la policía franquista en España.
El testimonio de Serra es la primera de las diligencias que ha ordenado la fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Demorática, Sara Gómez Expósito, en el marco de una investigación que el ministerio público anunció el pasado 3 de abril, según han informado fuentes jurídicas consultadas por EFE.
Las diligencias tienen su origen en la denuncia presentada por Serra (Barcelona, 1943) ante la fiscalía, en la que relata los abusos y torturas que asegura haber sufrido durante sus detenciones entre los años 1977 y 1982 en la comisaría de Via Laietana.
En estos episodios también estuvo presente su hermana Eva, ya fallecida, con quien compartía militancia en el movimiento independentista catalán de izquierdas.
Un paso hacia la la reparación
El pasado 3 de abril, la fiscalía anunció la apertura de una investigación penal sin precedentes en España, enfocada a los casos de tortura durante la dictadura franquista.
Esta iniciativa se ampara en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que establece la necesidad de impulsar acciones que garanticen el derecho de las víctimas a conocer la verdad, acceder a la justicia, recibir reparación y asegurar que estos abusos no se repitan.
El presidente del Òmnium Cultural, Xavier Antich; la abogada Sònia Olivella y la activista por la lengua catalana y militante de la izquierda independentista víctima de torturas, Blanca Serra, en una imagen de archivo
A pesar de ello, es poco probable que estas diligencias deriven en una causa judicial por crímenes del franquismo. La justicia española ha rechazado en reiteradas ocasiones la posibilidad de abrir procesos penales por estos hechos, al considerar que están protegidos por la ley de amnistía de 1977.
Desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, la Fiscalía especializada en esta materia, presidida por Dolores Delgado, ha defendido ante los tribunales la necesidad de investigar penalmente las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil. Según su criterio, esta labor constituye una “obligación legal” derivada de la nueva normativa.
Rechazo inicial
La apertura de diligencias por parte del ministerio público se produce después de que dos juzgados de Barcelona --con el respaldo de la Audiencia Provincial-- rechazaran investigar las denuncias por torturas en la comisaría de Via Laietana. Estas querellas fueron presentadas por el sindicalista Carles Vallejo y los hermanos Ferrándiz, antiguos militantes antifranquistas.
Los jueces argumentaron que la Ley de Amnistía de 1977 impide reabrir estos casos y, además, que los delitos han prescrito.
Dos nuevas denuncias
Tras el archivo de esas denuncias, Blanca Serra decidió acudir directamente a la fiscalía y presentó una nueva denuncia en la que afirma que tanto ella como su hermana Eva fueron víctimas de torturas durante cuatro detenciones ocurridas entre 1977 y 1982.
Dos de ellas se produjeron en plena Transición, una antes de las primeras elecciones democráticas y de la aprobación de la amnistía, y otras dos ya en plena etapa democrática.
Identificación
La investigación de la fiscalía se enfoca --por ahora-- en los hechos ocurridos en 1977. En su escrito, Serra solicita que se identifique a los agentes responsables mediante el acceso a documentos administrativos de la época, ya que no ha podido acceder por su cuenta a esa información.
En una de sus resoluciones anteriores, la Audiencia de Barcelona, al desestimar otras denuncias relacionadas con la misma comisaría, recomendó que los hechos se indagaran fuera del ámbito penal, a través de mecanismos destinados al “establecimiento de la verdad”.
